La víctima, a la que reconocieron la incapacidad absoluta y que perdió la opción de tener hijos, ha tenido que peregrinar 10 años por los juzgados para ser indemnizada.

El 20 de marzo de 2009, María José López sufrió un accidente de tráfico que ha marcado para siempre su vida. El siniestro se produjo junto a la antigua cárcel de Torrero, cuando un coche patrulla de la Policía Nacional que circulaba sin señales acústicas y a una velocidad superior a la permitida se saltó un semáforo en rojo y arrolló al vehículo en el que circulaba la zaragozana. El impacto fue tan fuerte que ambos turismos remontaron la acera de la avenida de América y arrancaron un árbol. Pero peor parada salió la mujer, que entonces tenía 31 años, ya que pasó un mes hospitalizada y después de múltiples operaciones la Seguridad Social ha tenido que reconocerle la incapacidad laboral absoluta.

Para mayor inri, a las terribles consecuencias físicas del accidente de tráfico –que le han impedido quedarse embarazada y le provocaban tales dolores que fue necesario implantarle un neuroestimulador medular– se suma el «calvario judicial» al que se ha visto abocada por el Consorcio de Seguros. De hecho, han tenido que pasar casi diez años y celebrarse varios juicios para que la mujer sea indemnizada. Y todavía no ha cobrado los intereses, que, dado el enorme tiempo transcurrido, van a superar incluso el importe de las lesiones, las secuelas y los gastos médicos.

Según el abogado de la denunciante, Ignacio Ríos, la «falta de sensibilidad» del Consorcio de Seguros –que es quien cubre los siniestros del parque móvil de la Policía Nacional– ha sido «mayúscula». Como prueba, el letrado recuerda que, pese a las considerables consecuencias de la colisión, los peritos del organismo fijaron en 35.117 euros la indemnización a pagar a la víctima. «Y esa fue la única cantidad que percibió tras el siniestro esta mujer, que se vio obligada a dejar su trabajo como masajista en un centro de fisioterapia y ha terminado cobrando una pequeña pensión por su incapacidad laboral absoluta», explica.

La suma se multiplica por veinte

De que el Consorcio de Seguros se mostró bastante huraño a la hora de cuantificar las secuelas de la víctima dan prueba las dos sentencias que se han dictado tras el desgraciado accidente. Pese a que el atestado de la Policía Local de Zaragoza dejó claro que toda la responsabilidad del siniestro fue del agente que conducía el coche patrulla, María José López renunció a ejercer acciones penales contra el funcionario. Pero su abogado presentó una demanda civil que recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Zaragoza, cuyo titular terminó reconociendo el derecho de la mujer a ser indemnizada con 186.164 euros más intereses.

No conformes con este primer fallo, dictado el 23 de octubre de 2017, tanto el Consorcio de Seguros como el abogado de la víctima decidieron llevar el caso a la Audiencia de Zaragoza. El principal punto de discusión era cuánto tiempo habían tardado en estabilizarse las graves lesiones de la perjudicada, porque mientras el primero ponía como fecha el 7 de mayo de 2010, la denunciante aseguraba que eso no ocurrió hasta cuatro años y cinco meses después.

Tras analizar los distintos informes médicos y tener en cuenta otras cuestiones, los magistrados decidieron revisar al alza el importe de la indemnización y fijar esta en 271.738 euros más intereses (que oscilarán entre los 354.077 y los 404.172 euros). Es decir, la víctima terminará cobrando casi 20 veces más de lo que le daba el Consorcio.

Un neuroestimulador medular para aliviarle el intenso dolor

El forense que examinó a María José López firmó el parte de alta el 7 de mayo de 2010, apenas 14 meses después del desgraciado accidente ocurrido junto a la vieja cárcel de Torrero. Sin embargo, la víctima ha podido probar que su estado se agravó pasada esta fecha y que sus padecimientos tenían el mismo origen: el siniestro en el que fue arrollada por un coche patrulla de la Policía Nacional.

Según un informe médico aportado durante el procedimiento por el abogado Ignacio Ríos, los dolores que seguía sufriendo la víctima cuatro años después del percance eran tan intensos que fue necesario implantarle un neuroestimulador medular. «Se trata de un aparato subcutáneo con cables y electrodos que modulan el dolor», explicaba el perito que examinó el caso. «La cirugía de colocación es similar a la de un marcapasos», añadía. La intervención se llevó a cabo en la Clínica Tecknon de Barcelona, a la que la paciente llegó por primera vez en noviembre de 2012 con «dolores muy intensos con afectación para su vida». Sobre todo, en la pierna derecha y el coxis.

A la larga lista de secuelas se suma también un síndrome depresivo postraumático reactivo que los especialistas dijeron que derivaba de la «ruina física» que el accidente había provocado a la víctima.

Artículo de Heraldo de Aragón del 28 de Enero de 2019